OBLIGACIÓN DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS

El Gobierno Nacional mediante la expedición de la Ley 2024 del 23 de Julio de 2020, adoptó normas de pagos en plazos justos y dictó otras disposiciones en materia de pago y facturación.

El objeto de dicha Ley es la de desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

El ámbito de aplicación a dicha Ley será para todos los pagos causados como contraprestación en los actos mercantiles, ya sean efectuados por comerciantes o por personas que sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio.

Se adopta como deber de todos los comerciantes y quienes sin serlo realicen actividades mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de esta Ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de los servicios.

Todos los comerciantes y personas que sin tener la calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, deberán ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en esta nueva Ley.

Lo anterior no será aplicable para las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas.

Por lo expuesto anteriormente, todos los comerciantes y personas que sin tener la calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, deberán ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en esta Ley.

Cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora de este.

Dicha norma es de carácter imperativo, razón por la cual no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes, y cualquier disposición contractual que le modifique o le contraríe, se entenderá como ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración Judicial.