RESPONSABILIDAD PENAL POR LA OMISIÓN DE ACTIVOS

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Internacionalmente existe una tendencia de los estados a incluir expresamente en sus códigos penales normas que combatan la evasión fiscal, razón por la cual Colombia

RESPONSABILIDAD PENAL POR LA OMISIÓN DE ACTIVOS

Mediante el artículo 338 de la Ley 1819 de 2016 creo un nuevo capítulo al Código Penal, el cual se encuentra dentro del Libro Segundo, Título XV “Delitos contra la Administración Pública”.

La mencionada norma creo el Capitulo 12 creo la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, contenida en el artículo 434A del Código Penal, el cual establece que el contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y multa de 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente.

Seguidamente el parágrafo 1 del mencionado artículo prevé la extinción de la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar.

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, en su estudio señala que internacionalmente existe una tendencia de los estados a incluir expresamente en sus códigos penales normas que combatan la evasión fiscal, razón por la cual Colombia no es ajena a dicha situación y, por ende, el Estado en su avance de mejorar su recaudación fiscal considera necesario tipificar como delito algunas actuaciones que puedan ser consideradas dolosas.

Para poder llegar a la etapa de la tipificación del delito consagrado en este artículo, se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, relacionado con el derecho al debido proceso. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
Para efectos fiscales, la oficina de fiscalización de la Administración de Impuestos deberá ser quien inicie un proceso formal en contra de un contribuyente mediante un acto previo, y posteriormente se deberá cumplir con todas las demás etapas administrativas donde los contribuyentes tendrán la posibilidad de allanarse a las pretensiones de la autoridad tributaria, corregir sus declaraciones, pagar los mayores tributos para sí extinguir la obligación fiscal. En caso de que se venzan los términos para hacer las correcciones de manera voluntaria, es posible que el contribuyente pueda verse inmerso en una conducta punible que le pueda dar inicio a una sanción penal.